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Las negrillas, sangrías y separación de algunos párrafos son para efectos de estudio.
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"La soberanía del hombre está oculta en la dimensión de sus conocimientos".
Francis Bacon.EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD
La educación es un valor público inestimable y está establecido en nuestra Constitución como una obligación primaria del Estado. El “bien público” se puede definir de varias formas, en general se trata del producto de primera necesidad al que el pueblo no tiene acceso en el mercado. Sobre todo cuando se involucran los derechos de las personas. Esto justifica y obliga la intervención del Estado, para asegurar a todos /as los /as ciudadanos /as, el suministro de bienes diversos como la seguridad pública, la preservación del ambiente, la salud pública, entre otros.
La necesidad de los ciudadanos en la actualidad, también obliga al Estado a la regulación, supervisión y aseguramiento de la calidad educativa. El mercado libre tan en boga hoy, no es capaz de asegurar esta calidad y cobertura necesaria de una educación “socialmente aceptable”. Es decir, un valor convencional en el mundo actual, educación para todos y de calidad, para asegurar el triple objetivo social o público: la integración e independencia nacional, el crecimiento económico y la superación de la pobreza.
Desde la lógica pragmática neoliberal, el sistema educativo es analizado en relación a tres ideas fundamentales: eficiencia, eficacia y calidad, que fueron originalmente acuñadas por la pedagogía estadunidense del “eficientismo” industrial que traslada al campo pedagógico y, en general al de las ciencias humanas, conceptos empresariales. De esta manera, se vincula lineal y mecánicamente el sistema educativo con el aparato productivo, subordinando el primero a los intereses del segundo. Se considera a la educación como producción de capital humano, como inversión personal y colectiva, la cual debe, por lo tanto, ser rentable en términos económicos.
En este momento la desigualdad educativa sigue siendo el principal problema a resolver, reflejo de la desigualdad social profundizada por las dictaduras militares y la dictadura económica neoliberal.
Veinte años de neoliberalismo aplicado a rajatabla nos dejan una educación pública de mala calidad para las clases empobrecidas, una educación privada subsidiada para las clases medias y una educación exclusiva para ricos (incluso financiada por el Estado)
Aun con los esfuerzos que el actual Gobierno del cambio está haciendo para transformar esa realidad, una lacerante desigualdad sigue vigente.
El neoliberalismo en complicidad con los Estados entreguistas continúan deteriorando los sistemas educativos públicos. Instituciones financieras internacionales, entre ellos el Banco Mundial, son cómplices de ello. Dichos sectores han culpabilizado tanto el sentido de lo público, como a los educadores, del deterioro de la educación pública. Todo esto ha conformado discursos y prácticas deliberadas para desprestigiar el sistema de educación pública en la sociedad e instalar el comercio de la educación. Así se pretende excluir la capacidad del Estado para garantizar la calidad y el sostenimiento, de la educación, convirtiéndola en otra actividad económica a ser desarrollada por la empresa privada nacional y transnacional.
Un tema impostergable en la agenda educativa de nuestros países, es redoblar esfuerzos a fin de que las escuelas que atienden a las comunidades más remotas y marginadas cuenten con los elementos necesarios para brindar una educación inclusiva y de calidad. Este carácter de bien público de la educación, lleva a un principio inalienable en este campo, las subvenciones estatales deben dirigirse a los empobrecidos y excluidos.
Sin embargo, la educación es también un bien privado, para los que tengan las condiciones de acceder a ella. El aprendizaje se refleja en cada estudiante, es un “bien divisible” dicen los economistas y significa una alta rentabilidad privada. Las sociedades modernas determinan el status del individuo, en el ingreso económico (capital), el poder (político) y el prestigio, como afirma Max Weber.
El neoliberalismo en complicidad con los Estados entreguistas continúan deteriorando los sistemas educativos públicos. Instituciones financieras internacionales, entre ellos el Banco Mundial, son cómplices de ello. Dichos sectores han culpabilizado tanto el sentido de lo público, como a los educadores, del deterioro de la educación pública. Todo esto ha conformado discursos y prácticas deliberadas para desprestigiar el sistema de educación pública en la sociedad e instalar el comercio de la educación. Así se pretende excluir la capacidad del Estado para garantizar la calidad y el sostenimiento, de la educación, convirtiéndola en otra actividad económica a ser desarrollada por la empresa privada nacional y transnacional.
Un tema impostergable en la agenda educativa de nuestros países, es redoblar esfuerzos a fin de que las escuelas que atienden a las comunidades más remotas y marginadas cuenten con los elementos necesarios para brindar una educación inclusiva y de calidad. Este carácter de bien público de la educación, lleva a un principio inalienable en este campo, las subvenciones estatales deben dirigirse a los empobrecidos y excluidos.
Sin embargo, la educación es también un bien privado, para los que tengan las condiciones de acceder a ella. El aprendizaje se refleja en cada estudiante, es un “bien divisible” dicen los economistas y significa una alta rentabilidad privada. Las sociedades modernas determinan el status del individuo, en el ingreso económico (capital), el poder (político) y el prestigio, como afirma Max Weber.
En la teoría del capital humano (Becker 1964) la idea básica es considerar a la educación y la formación como inversiones que realizan individuos racionales, con el fin de incrementar su eficiencia productiva y sus ingresos.
Según Marx, instituciones como la escuela pertenecen a la superestructura, y por lo tanto se organizan de acuerdo con las relaciones sociales de producción dominantes (infraestructura), adaptándose a los intereses de la clase social hegemónica (Fernández 1985).
La ambivalencia de la educación como bien público, establece que la “educación privada” suministra un “bien público”, el cual el Estado debe garantizar y regular.
La ambivalencia de la educación como bien público, establece que la “educación privada” suministra un “bien público”, el cual el Estado debe garantizar y regular.
Los intereses privados son un bien legítimo, en tanto no contradigan el interés público.
El Estado democrático y de verdadero derecho, por lo tanto, debe mostrar una dedicación de manera exclusiva e inalienable de las autoridades, a la provisión de bienes públicos. Todo lo contrario a lo que plantea el neoliberalismo para nuestros países globalizados.
La debilidad del proyecto público se manifiesta de muchas maneras y tiene consecuencias múltiples, resumiéndose en que la educación no ha contribuido a la integración nacional, al crecimiento económico y a la superación de la pobreza, como lo demuestran estudios e investigaciones recientes, nacionales e internacionales. La América Latina, que es nuestra región, pese a ser un territorio relativamente joven, sufre desde hace años los niveles más altos de desigualdad en el ingreso a nivel mundial y en los últimos tiempos, antes que ver decrecer el problema, se le ha visto con tendencia a acentuarse.
En la educación como diría Carlos Fuentes, existe una barrera de cristal que separa la educación de las clases altas de la del resto de la sociedad. En Latinoamérica el sistema social mixto (público- privado) por regla general, es un mecanismo de abierta segregación social y no como complemento de masificación de la educación. Una es para los privilegiados y otra es para las mayorías. Y el privilegio de acceder a la calidad, se traduce en cuánto se paga.
Este dualismo tiene una implicación adicional: la educación pública no figura entre las preocupaciones vitales de la clase privilegiada de El Salvador.
Esta ausencia es mayor entre más segregada este la sociedad y en particular el sistema escolar. Al contrario esta clase no percibe de hecho la educación pública más que como fuente de problemas: déficit fiscal, huelgas magisteriales, marchas estudiantiles y pandillas. Con un Estado hecho para servir a una burguesía dominante hostil y desintegradora, no será fácil para un gobierno popular y democrático, crear la escuela integradora y “poli-clasista” que existe en mayor o menor grado en otros países. Este proyecto debe fundamentalmente tener a la base el involucramiento activo y permanente de todos los actores en un proyecto genuinamente nacional de educación.
La primera cuestión para lograr lo anterior es detener y revertir la privatización pública, en tanto significa el enriquecimiento de la clase privilegiada y la enajenación de los bienes de la sociedad salvadoreña. Este mecanismo que promueve la privatización del “bien público”, es usado de forma clientelista, que se expresa como la apropiación por parte de los ricos y sus testaferros políticos, para asegurar sus puestos y otros privilegios personales y de poder. Por tanto es comprensible que en Latinoamérica haya una larga trayectoria de lucha burocrática escolar y estudiantil del sector público, que ha logrado importantes cambios. Hay que continuarla.
Sin embargo, no debemos ser limitados, las modificaciones y ampliaciones del sistema educativo se continúan haciendo en el marco de las relaciones sociales capitalistas de explotación, dominación y subordinación. Lo que implica que se trata de una educación con una marcada orientación de clase burguesa, y ya es sabido que las ideas dominantes son las ideas de la clase que detenta el poder de facto y manipula al Estado en favor de los intereses que convienen a los grandes capitalistas. Entendamos por tanto, que la educación es uno de los escenarios fundamentales, donde los poderes económicos de facto desarrollan sus ofensivas ideológicas. No hay que olvidar que la lucha de clases se desarrolla en tres planos sociales esenciales, el plano económico, político e ideológico-cultural. Ahora lo complejo del hecho educativo es que es un arma de doble filo, así como por un lado puede alienar para el mantenimiento del statu quo, por el otro puede ir brindando los elementos de conciencia necesarios para la emancipación del pueblo. Nuestra lucha entonces, debe ir en la dirección de transformar la educación, como derecho de la gente, en un factor clave para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza y la obediencia pasiva de los pueblos a los poderes arbitrarios.
La debilidad del proyecto público se manifiesta de muchas maneras y tiene consecuencias múltiples, resumiéndose en que la educación no ha contribuido a la integración nacional, al crecimiento económico y a la superación de la pobreza, como lo demuestran estudios e investigaciones recientes, nacionales e internacionales. La América Latina, que es nuestra región, pese a ser un territorio relativamente joven, sufre desde hace años los niveles más altos de desigualdad en el ingreso a nivel mundial y en los últimos tiempos, antes que ver decrecer el problema, se le ha visto con tendencia a acentuarse.
En la educación como diría Carlos Fuentes, existe una barrera de cristal que separa la educación de las clases altas de la del resto de la sociedad. En Latinoamérica el sistema social mixto (público- privado) por regla general, es un mecanismo de abierta segregación social y no como complemento de masificación de la educación. Una es para los privilegiados y otra es para las mayorías. Y el privilegio de acceder a la calidad, se traduce en cuánto se paga.
Este dualismo tiene una implicación adicional: la educación pública no figura entre las preocupaciones vitales de la clase privilegiada de El Salvador.
Esta ausencia es mayor entre más segregada este la sociedad y en particular el sistema escolar. Al contrario esta clase no percibe de hecho la educación pública más que como fuente de problemas: déficit fiscal, huelgas magisteriales, marchas estudiantiles y pandillas. Con un Estado hecho para servir a una burguesía dominante hostil y desintegradora, no será fácil para un gobierno popular y democrático, crear la escuela integradora y “poli-clasista” que existe en mayor o menor grado en otros países. Este proyecto debe fundamentalmente tener a la base el involucramiento activo y permanente de todos los actores en un proyecto genuinamente nacional de educación.
La primera cuestión para lograr lo anterior es detener y revertir la privatización pública, en tanto significa el enriquecimiento de la clase privilegiada y la enajenación de los bienes de la sociedad salvadoreña. Este mecanismo que promueve la privatización del “bien público”, es usado de forma clientelista, que se expresa como la apropiación por parte de los ricos y sus testaferros políticos, para asegurar sus puestos y otros privilegios personales y de poder. Por tanto es comprensible que en Latinoamérica haya una larga trayectoria de lucha burocrática escolar y estudiantil del sector público, que ha logrado importantes cambios. Hay que continuarla.
Sin embargo, no debemos ser limitados, las modificaciones y ampliaciones del sistema educativo se continúan haciendo en el marco de las relaciones sociales capitalistas de explotación, dominación y subordinación. Lo que implica que se trata de una educación con una marcada orientación de clase burguesa, y ya es sabido que las ideas dominantes son las ideas de la clase que detenta el poder de facto y manipula al Estado en favor de los intereses que convienen a los grandes capitalistas. Entendamos por tanto, que la educación es uno de los escenarios fundamentales, donde los poderes económicos de facto desarrollan sus ofensivas ideológicas. No hay que olvidar que la lucha de clases se desarrolla en tres planos sociales esenciales, el plano económico, político e ideológico-cultural. Ahora lo complejo del hecho educativo es que es un arma de doble filo, así como por un lado puede alienar para el mantenimiento del statu quo, por el otro puede ir brindando los elementos de conciencia necesarios para la emancipación del pueblo. Nuestra lucha entonces, debe ir en la dirección de transformar la educación, como derecho de la gente, en un factor clave para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza y la obediencia pasiva de los pueblos a los poderes arbitrarios.
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